Las reacciones ante la propuesta enmienda constitucional que limitaría el derecho a la fianza en algunos casos hicieron evidente que muchos boricuas no tienen problema alguno en cederle derechos al Estado, incluso cuando los beneficios no son fáciles de precisar. Por ejemplo, a pesar de que el único propósito de la fianza es asegurar la comparecencia en corte de los acusados (no «castigarlos», dado que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario), muchos ciudadanos quieren restringir el derecho a la fianza pensando que eso «bajará la criminalidad, curará el cáncer y nos dejará el pelo lacio y lustroso».
«Es claro que tirar a esos malandrines a la cárcel al momento de ser acusados ayudará a bajar el crimen y les enseñará respeto por la ley», aseveró Manuel Garcés. «¡Menos perros, menos pulgas!». Respondiendo a argumentos de que eso podría enviar personas inocentes a la cárcel por semanas o meses antes de incluso haberse celebrado un juicio, Garcés replicó: «¡Bah! ¡Si de mirarles las caras ya se sabe que son culpables! Y no vengan a mentarme al muchachito ese que los federicos acusaron de haber matado a Stefano y resultó que no era él na’: ¡con esa carita, algo seguramente habrá hecho!».
En esa misma línea de ceder derechos civiles, algunos ciudadanos han explorado cuáles otros podrían regresarle al Estado a cambio de beneficios ilusorios. «¿A nadie se le ha ocurrido que también podríamos hacer una enmienda que elimine el derecho a obtener trabajo?», preguntó Doña Luisa Jiménez, ojeando su copia impresa de la Constitución de Puerto Rico. «Total, como están las cosas hoy día, no son muchos quienes pueden ejercerlo. ¡Mejor sería que pusieran en vez el derecho a los cupones y al mantengo!».
«Yo quitaría el derecho a la instrucción pública», opinó Don Tomás Peña. «¿De qué sirve tener el privilegio de estudiar, si en la escuela los muchachitos lo único que aprenden es a perrear, a apestillarse por cada esquina y a salirle de atrás pa’lante a los maestros?». La Apóstol Wanda Rolón, por su parte, declaró que «claramente el primer derecho que tenemos que derogar es el de la libertad de culto. Eso de ‘completa separación de la iglesia y el estado’ me parece una tremenda herejía que no le hace ni pizca de gracia ni a Jesús ni a sus apóstoles — ¡empezando conmigo, por supuesto!».
«¿En realidad necesitamos libertad de prensa?», inquirió Mildred Rodríguez. «Total, con lo partidistas y vendíos que son los periódicos locales, ¿alguien se daría cuenta si ese derecho desapareciera?». Finalmente, con el propósito de «poder finalmente prohibir que se escriban más canciones de reggaetón», algunos ciudadanos propusieron eliminar el derecho a la libre expresión; sin embargo, al estudiar la situación, rápidamente descubrieron que el Gobierno ya se les había adelantado a suprimir ese derecho.