La decisión de una jueza del Tribunal Superior de San Juan de que los puntos de cateo propuestos por la alcaldesa capitalina violaban los derechos civiles de los ciudadanos levantó la ira de muchos expertos legales aficionados, quienes preguntaron quién se creía que era esa togada para estar decidiendo qué es constitucional y qué no, «como si ese fuera su trabajo». «Mis derechos civiles son míos», recriminó un molesto pichón de abogado, «y yo decido quién me los viola, dónde y por qué… y en este caso es: ‘cualquier guardia de palito que contrate el municipio de San Juan para registrar a la gente’, ‘en cualquier esquina del Viejo San Juan donde a Carmen Yulín le dé por poner un centro de cateo’, y ‘porque tengo la esperanza vana de que este ejercicio de security theater imposibilite que se arme un fostró durante las fiestas’. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde… ¡y menos mal, porque la dignidad y el respeto propio ya los perdí hace tiempo!».
Burlados sus deseos de poder ceder su derecho de no ser detenidos registrados por el Estado sin que medie sospecha previa, miles de puertorriqueños han optado por mudarse a estados del sur de los Estados Unidos, donde los cuerpos policiacos son más dados a ver personas con melanina y detenerlos a la menor provocación. «¡No puedo guiar ni tres metros aquí sin que me pare un guardia!», declaró encantada Marissa Beltrán, recién llegada a la ciudad de Nogales, Arizona. «Los policías no hacen más que ver mi rostro posiblemente mexicano y me detienen para hacerme un sinfín de preguntas invasivas, registrar mi vehículo, y recostarme sobre el baúl para hacerme un pat-down como Dios manda. Es cierto que tengo que planear que salir al supermercado me tomará una hora más de lo debido, ¡pero qué segura me siento viviendo aquí, sabiendo que todo el mundo igual de marrón que yo tiene que pasar por esta misma experiencia varias veces al día!».
Igualmente opinó Adalberto «Cuco» Couvertier, oriundo de Loíza, cuyo carro tiene un sello que reza «100% CATEO 100% DEL TIEMPO A 100% DE LAS PERSONAS». Radicado ahora en Jasper, Alabama, Couvertier goza de la atención completa de la policía local cada vez que sale de su casa (e incluso a veces cuando no sale de ella). «¡Así deben ser las cosas!», opinó mientras paseaba por su vecindario y una patrulla lo seguía lentamente a ver qué se tramaba. «En Puerto Rico no se podía vivir tranquilo porque los guardias rehusaban a parar a todos los ciudadanos para preguntarles quiénes son, qué llevan en los bolsillos y para dónde van. ¿Y qué tal si las respuestas hubieran sido ‘Papo Drácula’, ‘una nueve milímetros’ y ‘a ejplotar a par de mamabichos’? Si nadie le hace esas preguntas a todo el mundo, ¿cómo lo sabríamos? Yo gustosamente cedo mi derecho a la intimidad, a la privacidad y a que me dejen quieto con tal de que haya menos criminalidad. ¿Para qué salir a la calle con la incertidumbre de que venga un caco atorrante y me asalte, si puedo salir con la certidumbre de que venga un un guardia atorrante y me registre?», preguntó, sin explicar por qué no sería mejor simplemente que nadie lo atorre indebidamente.
No todos los boricuas que avalan en teoría el concepto de someterse a cateos policiacos a cambio de mayor seguridad optaron por mudarse a un estado racista, sin embargo. Rodolfo De Casenave, residente de Guaynabo, explicó su decisión: «Sí, yo creo que en Puerto Rico hace falta más intervención policiaca con la ciudadanía, no menos… pero cuando digo eso, a lo que me refiero es que los guardias deben detener a los que tienen car’e caco, los que se visten diferente… y los que tienen pinta de dominicano«, susurró sotto voce, como si diciéndolo en voz baja fuera menos racista. «En otras palabras, la policía debe catearlos a ellos… ¡tú sabes, la gente que es diferente a mí!».