San Juan, Puerto Rico – Ante la decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico el pasado martes a favor de la petición de los ex gobernadores Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón de que se les volviera a asignar una escolta policiaca, el Pueblo se mostró unánimemente a favor, con la condición de que dicha escolta fuera «para conducirlos directamente a las pailas del Infierno». Por su parte, el Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha, aseguró que no tiene problema alguno con que «se gasten 4 millones de dólares del erario en proteger a dos viejos changos y añoñados que la gente ha ya casi olvidado, o que ni siquiera sabe quiénes son… ¡porque chavos tenemos de sobra para gastar en estas tonterías!», exclamó con lo que sospechamos pueda ser un toque de sarcasmo. La ciudadanía aseguró con similar grado de sarcasmo que «es meritorio que al Caballo y a Cuchín los esté protegiendo un policía las 24 horas del día cueste lo que cueste, porque alguien tiene que protegerlos de sus acérrimos enemigos: el Alzheimer’s, el reggaetón, y la comida del asilo». Al cierre de esta edición había sido imposible obtener una opinión del ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien originalmente abrogara el derecho a las escoltas, porque nadie se acordaba de él ya.
«¡Miren lo que me pasa cuando no hay un guardia evitando que me emborrache y me ponga guapetón con alguien que sabe pelear más que yo!», sollozó Carlos Romero Barceló