La Comisión para la Auditoría de la Deuda tenía como objetivo irrisorio escudriñar la telaraña de recibos falsificados, documentación fatula y pagarés escritos en servilletas que deben componer las cuentas del gobierno. Su misión era verificar si el dinero que el gobierno alegadamente debe es, en efecto, lo que debe, antes de vender hasta los clavos de la cruz para pagar dicha obligación. Sin embargo, la legislatura derogó dicha comisión, alegando que sería malgastar el dinero porque la Junta de Control Fiscal ya poseía «la autoridad y entera discreción de requerir a las autoridades locales la información que estimen necesaria relativa al presupuesto» — lo cual, según algunos expertos, sería igual que decir que se puede poner al cabro a velar las lechugas porque este posee entera discreción de no comérselas todas.
«El gobierno no va a auditar la deuda», declaró el gobernador, «¡y no es porque le tengamos miedo al avispero que estaríamos revolcando si se supiera adónde fueron a parar todos esos chavos que desaparecieron del erario a través de las décadas, como dicen algunas personas malintencionadas! No: es porque a ti cuando te envían la cuenta, tú la pagas y San Seacabó. ¿Quién mira un recibo antes de pagarlo? ¿Quién se cerciora que no le están cobrando de más antes de sacar la guálet y dar un tarjetazo? ¡Solo gente mordí’a y paranoide!». Sin embargo, Rosselló adelantó que cualquier ciudadano que quiera meterse en el basurero BFI que hay detrás de Fortaleza lleno de tepe a tepe de bolsas de basura con documentos triturados, está bienvenido a hacerlo. «También tenemos otro basurero –a primera vista vacío–, repleto de todos los recibos que brillan por su ausencia, de la documentación de subastas públicas que nunca se hicieron, y de acuerdos fatulos hechos por debajo de la mesa. ¡Si tanto quieren investigar, pónganse botas de goma en los pies, guantes de látex en las manos y un pinche de ropa en la nariz, y zúmbense en ese hediente vertedero de evidencia que les tenemos listo aquí!».